Dos balas para refrendar la paz en Colombia

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El presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC Rodrigo Londoño firmando el nuevo acuerdo de paz. Carlos Ortega / El Tiempo

 

La tinta del ‘balígrafo’, una bala de fusil convertida en bolígrafo para poner fin a 52 años de violencia, aún estaba fresca sobre el nuevo Acuerdo de Paz cuando Hugo García, editor político del diario El Espectador, espetó la frase que mejor describe el sentir ciudadano referente al acuerdo: “Así somos en Colombia”. Traducido, significa que la odisea del proceso de paz contiene la resignación, las dudas y los giros argumentales propios de la historia de los colombianos.

La demostración de eso se produjo el pasado jueves, cuando ese mismo ‘balígrafo’, concebido para un único uso, tuvo que volver a ser utilizado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño (alias ‘Timochenko’) para firmar un segundo acuerdo de paz, después de que el plebiscito del 2 de octubre anulara el primero, por 54.000 votos de diferencia. Han pasado ya dos meses, Colombia ha alcanzado un nuevo acuerdo, pero se enfrenta al mayor de los retos: cómo refrendarlo esta vez, con semejante antecedente, y cómo asentar una verdadera paz.

Que los colombianos negaran el acuerdo en votación popular fue algo que a nivel internacional no se esperaba, pues cómo un país osaría decir No a la paz. Pero a nivel interno la polarización de la sociedad podía percibirse. Al Gobierno de Colombia no le quedó de otra que repensar el texto en base a peticiones de víctimas, empresarios y sectores eclesiásticos descontentos, y sobre todo en base a las críticas del partido opositor, el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe -la voz más ruidosa de la protesta-.

Presión por salvar el acuerdo

Tras el plebiscito, es probable que un documento no haya sido más jalonado y replanteado como este. El mismo día de la votación, el Gobierno y las FARC acordaron afrontar la derrota convocando un Gran Pacto Nacional, que reuniera a los voceros del No, a las víctimas, a la Iglesia, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, y a los jóvenes. Esto mucho antes de que las calles del centro de Bogotá se llenaran los días siguientes de marchas ciudadanas (como la ‘Marcha de las Flores’) y se instalara a espaldas de la Casa de Nariño (el palacio presidencial) un campamento de resistencia, similar al del movimiento 15-M.

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Desde el 5 de octubre, en Plaza Bolívar se instaló una “pequeña Colombia” para pedir la paz y el cese al fuego / El Espectador

Sin embargo, el tira y afloja entre las partes fue imposible, y en vistas de no llegar nunca a una negociación que a todos complaciera, el 12 de noviembre Santos anunció un nuevo acuerdo con la guerrilla. Que fuera un sábado por la tarde, sin el beneplácito del uribismo -nombre de la derecha militante- sobre esos cambios, no ha hecho más que empeorar este capítulo de la historia que para muchos evidencia un intento de alargar la polémica hasta junio de 2017, que es cuando se inicia la carrera electoral por la presidencia.

¿Cuáles han sido algunas de las modificaciones, en comparación al primer acuerdo?

  • Las FARC en políticaSobre este tema de participación política, el único modo de desmovilizar a la guerrilla y reincorporarla a la sociedad, se mantiene que los curules asignados a las FARC en el Congreso sean 5 en el Senado y 5 en la Cámara, pero tendrán que conseguir esos cargos a través de elecciones. Y aunque en un principio iban a recibir mayor ayuda económica respecto del resto de partidos, ahora quedarán en igualdad de condiciones, con un 30% de financiación.
  • Reparación a las víctimasLas FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes y dinero a las víctimas. Una de las críticas de las víctimas que No están a favor del acuerdo, es que éste no específica qué víctimas del conflicto recibirán esta compensación: ¿las de las FARC, las del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las víctimas del Estado y de los paramilitares?
  • JusticiaLa Jurisdicción Especial para la Paz funcionará durante 10 años, pero sólo recibirá solicitudes de investigación durante los primeros dos. Si antes existía la posibilidad de que jueces extranjeros formaran parte del Tribunal para la Paz, ahora sólo podrá haber jueces colombianos. Las ONG tampoco podrán actuar como fiscales, tendrán que limitarse a aportar información y será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre todos los casos.
  • Penas para la guerrillaEl uribismo reclama cárcel para algunos guerrilleros, pero quienes confiesen delitos de guerra podrán obtener el beneficio de la no privación de libertad. No obstante, tendrán que mantenerse en las zonas veredales de desmovilización y sólo podrán salir con autorización. Aquellos que no colaboren, sí recibirán una sanción de hasta 20 años de prisión.
  • Desarrollo agrarioEn este nuevo documento se establece que la Reforma Rural Integral durará 15 años y se reconoce que el fomento de la agricultura familiar y de la economía campesina debe ir de la mano de la inversión empresarial.
  • El problema de las drogasLas FARC se ha comprometido a entregar información sobre el narcotráfico de forma detallada y exhaustiva para que el Estado pueda atribuir responsabilidades y terminar con el narcotráfico.
  • Perspectiva de géneroUno de los logros del acuerdo es que por primera vez las mujeres y los grupos LGBTI están contemplados en un proceso de posconflicto. Esta es una de las mayores críticas del uribismo y de la Iglesia, un punto que mal han denominado “ideología de género”, por cuestionar la estructura familiar tradicional. Esta perspectiva no sólo se ha mantenido, sino que se ha acentuado.

No es que los colombianos no quieran la paz ni terminar con esta guerra interna. Tampoco es que no deseen un cambio social. Pero el día del referéndum se votó mucho más que eso. El uribismo se encargó de hacer campaña por el No estimulando el miedo, sobre la posibilidad de que algún día un miembro de las FARC sea presidente de Colombia, y la ira, alegando que los impuestos que se obtendrán de la nueva reforma tributaria nacional irán destinados a mantener a las FARC, que durante los dos primeros años percibirán el salario mínimo (casi 700.000 COP, unos 210 euros) para que no recaigan en actividades ilícitas.

Poco después del resultado, el mismo gerente de campaña admitió que habían seducido a la gente en base a mentiras. Muchos taxistas y pensionados creyeron que les iban a quitar sus subsidios y pensiones para costear la paz. Aunque el uribismo no ha sido el único en fallar en esta ecuación. Muchos colombianos depositaron su voto en las urnas castigando al Gobierno de Santos, quien luego además reconoció que “la gente no conocía los acuerdos”.

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“Toma dos”. Caricatura de Betto / El Espectador

La firma del nuevo acuerdo

Por todo esto, la firma que ha envuelto este segundo acuerdo ha sido más discreta que la primera, celebrada en Cartagena el 26 de septiembre. Hasta al caribe colombiano viajaron jefes de Estado de todo el mundo, incluido el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Debía ser el día histórico por excelencia, teñido de un blanco impoluto propio del calor del norte de Colombia y símbolo de la paz. Pero no ha sido así.

Los colombianos han vivido en cambio una segunda firma, que ha tenido lugar en el Teatro Colón de Bogotá, a la que no sólo no acudieron líderes mundiales, sino que la entrada a periodistas estaba vetada y la gran ausencia fue la de Uribe. Además, el título del acuerdo cambió de adjetivo y pasó del inicialmente ‘Acuerdo Final’ a ‘Acuerdo Definitivo’. “Este acuerdo lo hicimos con urgencia, es el definitivo, el Acuerdo del Teatro Colón”, bautizó Santos.

El acento puesto por Santos en su discurso, es la advertencia de que, pese a las críticas sobre las modificaciones del texto, no habrá un tercer acuerdo. O como mínimo no puede haberlo, por la fragilidad del cese al fuego, extendido hasta finales de año y que está en peligro con episodios como la persecución de dirigentes campesinos, activistas de derechos humanos o el más reciente, la muerte de dos guerrilleros de las FARC en el departamento de Bolívar (en una “operación de carácter delicuencial”, según el Ministerio de Defensa) que aún está por esclarecer si rompió o no esta tregua.

Con la semilla de la violencia sembrada tras décadas de conflicto, el Gobierno ha decidido no llevar en referéndum este segundo y nuevo acuerdo, y dejar en manos del Congreso su aprobación.  

Para el uribismo, la decisión más antidemocrática y egoísta del mandato de Santos, a quien le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz de este año y busca llegar a la ceremonia de Oslo (el 10 de diciembre) con el acuerdo ratificado. Para una parte de las víctimas, sobre todo las de la periferia del país, este nuevo acuerdo es un alivio, un paso más hacia la reconciliación, un rayo de esperanza.

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Celebración de la firma del primer acuerdo de paz, en Cartagena. / Semana

Una refrendación congresional, ¿y paz?

“Si le preguntas a tu pueblo una vez, tienes que volver a hacerlo. Va a generar violencia, este país es así”, considera un taxista de Bogotá, mientras circula a toda prisa.  225 mil muertos, 30 mil secuestrados y 7 millones de desplazados avalan su afirmación. Pero son cifras que también convencieron al Gobierno de refrendar el acuerdo vía legislativa. Y es que Colombia es un país tradicionalmente judicial.

El mismo día de la firma, el Congreso aprobó dos sesiones especiales para que este martes 29 y miércoles 30 de noviembre la paz con las FARC quede sellada, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, respectivamente. El Senado ayer ya refrendó el acuerdo con un total de 75 votos por el Sí y 0 por el No. El objetivo ahora es que en la Cámara se presente también a los congresistas el nuevo acuerdo, para debatirlo y aprobarlo, y de este modo la guerrilla deje las armas, se transforme en un partido político legal y se implementen los seis puntos del acuerdo en su totalidad (a recordar: reparación de víctimas, reforma rural integral, apertura democrática, lucha contra el narcotráfico y fin del conflicto).

En principio, Santos no tendrá mayor problema en el Congreso que el de convencer moralmente a los congresistas uribistas, ya que son minoría, pero ahora reclaman convocar un referendo revocatorio del Acto Legislativo para la Paz; la herramienta que daría poder al Gobierno para desarrollar leyes y reformas constitucionales, que le permitan implementar el acuerdo en su totalidad. Algo que debe valorar la Corte Constitucional, para determinar si esta manera rápida de aprobación es o no es constitucional.

Este jueves 1 de diciembre, si todo va bien, podría convertirse en el ‘día D’, llamado así por dar inicio a la dejación de armas. El “día D” sería entonces el día en que Colombia ratificó un acuerdo de paz para solucionar su conflicto interno, organizó la desmovilización de las FARC e inició el desminado nacional “para que nuestros campos -en palabras de Santos- no sean nunca más una trampa mortal para nuestros niños”. En definitiva, el día del inicio de una paz que ha tardado 52 años en producirse y que en los próximos seis meses iniciaría su desarrollo.

Vídeo explicativo sobre el inicio del “día D” de la dejación de armas y reintegración de las FARC. Colombia2020/ El Espectador

La previsión es que en 150 días (con un margen de 30 días adicionales), antes de junio de 2017, se movilice a las FARC hasta unas 20 zonas establecidas, llamadas “zonas veredales transitorias”, en 7 puntos geográficos del país, luego de haber ocupado gran parte del territorio. Pese a la supervisión internacional, se trata de un movimiento delicado porque durante ese traslado la guerrilla portará todas sus armas para depositarlas en contenedores especiales en manos de la ONU.

La cuestión es que el posconflicto no arrancará en el Congreso. Tampoco en el instante en que la guerrilla más numerosa de Colombia entregue su armamento. La periodista Maria Paula Rubiano es de la opinión que ninguna medida funcionará hasta que el Estado se comprometa realmente con el proceso, y “no lo hace porque eso sería admitir su responsabilidad en el conflicto”.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en el país, también cree que “el conflicto no se acaba un día y punto. Terminan las hostilidades pero las mentes y las condiciones de vida de los afectados siguen como antes. Lo mejor es no informar a la sociedad de que después todo va a ser fácil. No es verdad, la dificultad humana es tener recetas sencillas para construir algo nuevo, y no tenemos muchas experiencias buenas en la construcción de esa paz”.

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Una de las marchas, ‘La Marcha de las Flores’, que hubo en el país a favor de la paz y un consenso en los acuerdos. / HispanTV

Sin duda, el esperado “día D” no pondrá punto y final a 52 años de conflicto armado en Colombia de forma inmediata. La prueba es que las negociaciones con la segunda guerrilla más numerosa del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que estaban previstas que se iniciaran en octubre, siguen en punto muerto hasta que el ELN no libere al político Odín Sánchez, requisito sine qua non para sentarse en la mesa.

Asimismo, mientras que el narcotráfico sigue produciendo dinero, el gran interrogante de este proceso de paz es con qué dinero se implementará. La gran pregunta a la que muchos intentan responder con un “gracias a la reforma tributaria”, pero el presupuesto que se necesita no es a un año vista, sino como mínimo, valora Harnisch, a 30. Y eso conllevará muchos sacrificios.

“Tal vez lo más sorprendente de los colombianos es su asombrosa capacidad de acostumbrarse a todo, lo bueno y lo malo, con un poder de recuperación que raya en lo sobrenatural”, consideraba el escritor y periodista Gabriel García Márquez. Así son los colombianos. Cuando hagan suya la escritura de su historia, ‘balígrafo’ en mano, es ahí cuando se dará el comienzo de una verdadera paz. Por el momento, el deseo de muchos es que no haya que volver a utilizar una tercera bala de la recámara o disparar dos veces la misma bala para lograr la paz en Colombia.

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